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PAN QUERÉTARO RECHAZA LEY DE AMNISTÍA Y PIDE REVISIÓN

• La Ley de Amnistía es una medida que dejará libres a los delincuentes que participan en robos sin violencia, a casa-habitación, sustracción de teléfono celular y tarjetas de débito/crédito, que cometan delitos cibernéticos y robo de identidad.

Querétaro, Querétaro, 10 de diciembre de 2019. La aprobación de la Ley de Amnistía en comisiones por parte del Congreso de la Unión abona a la inseguridad del país y afecta a las familias mexicanas.

La Ley de Amnistía propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador beneficia a los encarcelados por robo sin violencia, a casa-habitación, sustracción de teléfono celular y tarjetas de débito y crédito, o bien por delitos cibernéticos, robo de identidad y el conocido cristalazo.

“Bajo el argumento de que se trata de delitos menores y de baja cuantía es que esos delincuentes podrán seguir haciendo de las suyas sin castigo”, explica el presidente del PAN Querétaro, Agustín Dorantes Lámbarri.

Además, dicha iniciativa pretende dejar libres a las personas que atenten contra la salud de los jóvenes. Pues dejará sin castigo a los criminales que vendan sustancias ilegales cerca de las escuelas y centros de diversión o en colonias populares. En pocas palabras: que estén envenenando a la sociedad.

Con esta propuesta legislativa vemos que el gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, se niega a fortalecer a las instituciones de impartición de justicia y es víctima de un austericidio constante y juega en contra de su funcionalidad, como lo demuestra el haber recortado el presupuesto al poder judicial en 1,327 millones de pesos y a la Fiscalía General de la República en 1,500 millones de pesos.

“Es por eso que el PAN estatal hace un llamado a los compañeros legisladores del Congreso de la Unión, de todas las fuerzas políticas, para que antes de votar a favor de una ley que daña a la juventud y a las familias mexicanas, hagan una revisión exhaustiva de las consecuencias y efectos de la Ley de Amnistía, a través de un Parlamento Abierto donde intervengan expertos en seguridad, salud y organizaciones de la sociedad civil”, concluye Dorantes Lámbarri.

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