Con 19 votos a favor y seis en contra, los diputados de la LIX Legislatura del estado de Querétaro aprobaron dos nuevas leyes electorales que le permiten al estado modernizar su legislación para tener procesos electorales más ordenados y respetuosos en los próximos comicios.

Con el apoyo de todas las fuerzas políticas, sin contemplar a Morena, se concretó la nueva Ley Electoral y la Nueva Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Estas leyes secundarias prohíben la violencia política contra la mujer; reconocen el derecho del voto en el extranjero; protegen la integridad de niños, niñas y adolescentes en los procesos electorales; reconocen los derechos político electorales de los indígenas; apoyan al desarrollo científico con recursos de las sanciones electorales; plantean cambios en los procesos sancionadores y fortalecen y promocionan el uso del lenguaje incluyente.

En Acción Nacional confiamos que las nuevas leyes abonarán a la construcción de una Ley Electoral mucho más garantista y vanguardista a nivel nacional, una ley que nuevamente coloque a Querétaro un paso adelante en asegurar y promover, con perspectiva en derechos humanos desde las palabras y hasta los hechos, los derechos político electorales de todas y todos los queretanos.

Cabe señalar que esta mañana durante la sesión de pleno, en dos ocasiones, los diputados de Morena se quitaron la mascara para sacar su verdadero rostro y mostrar que no les importa la democracia. Sus votos en contra de las leyes secundarias no tuvieron sustento ni justificación.

Frente a este hecho, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro, Agustín Dorantes Lámbarri, resaltó que Morena actúa de forma incongruente y solapando la corrupción. Muestra de ello son las cifras que hoy arrojan varios medios nacionales en los que se muestra que el primer año del gobierno federal morenista aumentó la corrupción.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019, del Inegi, entre 2017 y 2019 el número de víctimas y actos de corrupción en prestaciones de servicios básicos creció 7.49%. La encuesta reportó que el año pasado se tuvo una tasa de 15 mil 732 víctimas de corrupción por cada 100 mil habitantes, mientras que en 2017 la tasa se ubicó en 14 mil 635 víctimas, es decir que hubo un incremento de 7.49%.

“Sabemos que a este gobierno (federal) no le gustan las cifras oficiales y que el que califica no puede ser el calificador, pero hoy pareciera que el Presidente quiere crear su propio mecanismo de calificación para no reprobar todos los criterios a los que está siendo sometido”, concluyó Agustín Dorantes Lámbarri.