Entre estas modificaciones está el replanteamiento a 14 artículos de la Constitución, una nueva Ley de Cultura y Justicia Cívica, un Código Penal Nacional único en todo el país, un Código de Procedimientos Penales Nacionales, modificaciones a la Ley de Amparo, reformas a la Ley de Ejecución Penal, reformas al Poder Judicial, en lo relativo a los adolescentes y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

“Se estableció el compromiso, por parte del Senado, que a petición de los coordinadores de los grupos parlamentarios estas reformas se analizaran en Parlamento Abierto, abriéndolo a grupos y organizaciones especialistas y que toda vez que involucra modificaciones al Poder Judicial es necesaria la participación del poder Judicial en la revisión, opinión y propuesta respecto de las iniciativas que está mandando el Ejecutivo”, detalló la senadora Guadalupe Murguía.

El borrador de las reformas, que fue filtrado días antes de la junta, incluye las siguientes modificaciones que atentan contra la descentralización de los poderes y los derechos humanos, señalaron los panistas:

• Arraigo para todos los delitos no solo para la delincuencia organizada. En la actualidad, de acuerdo con las recomendaciones de la ONU, el arraigo solo aplica cuando hay un delito de delincuencia organizada, con estos cambios se establecería el arraigo para todos los delitos por un plazo de 40 días.

• Revisión del Sistema Penal Acusatorio. Se propone eliminar a los jueces de control. Hasta ahora en los procesos penales intervienen el juez de control, quien es el que dicta las medidas cautelares y la vinculación de proceso y un juez de ejecución de sentencia, distinto del de control. La propuesta es que un solo juez dicte la prisión preventiva, medidas cautelares y dicte la sentencia.

• No se elimina la presunción de inocencia pero sí se vulnera. La propuesta de modificación establece una figura parecida a la presunción de culpabilidad, es decir cuándo un imputado se niega a someterse a las pruebas periciales se considera que los hechos que se le imputan son ciertos. Y que de esa manera presuntamente es responsable de los delitos.

• El trabajo penitenciario sí será obligatorio. Sí será fundamental para otorgar beneficios de preliberación, liberación anticipada o poder asignarles una pena menor en el momento de la individualización.

• El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley de Cultura y Justicia Cívica. Se busca que las infracciones administrativas sean concentradas y normadas por la federación a nivel nacional y que se impongan sanciones que tienen que ver con trabajo a favor de la comunidad.

• Las intervenciones telefónicas sin autorización judicial serán válidas. Hoy estas pruebas ilícitas como las intervenciones telefónicas sin autorización judicial no tienen valor probatorio. Ni las confesionales obtenidas por tortura o por extorción tienen valor probatorio. Con estas reformas esto sí tendría valor.

• Se propone un nuevo Código Penal Único. Actualmente hay 32 Códigos Penales operando en el país, por lo que se homologarán los delitos y las penas. El delito de feminicidio se revisará y se volverá a redactar, pues tiene muchos problemas para los fiscales y ministerios públicos para poderlo acreditar, por lo que requiere de una nueva redacción basado en los hechos y el estado de la víctima.

• Si hay violaciones en el debido proceso, el acusado no deberá quedar libre. Con estas modificaciones si hay violaciones en el debido proceso y existen pruebas que involucren al acusado, no debe quedar libre. Se deberá sancionar al funcionario que cometió las violaciones, pero el delincuente no debe quedar en libertad.

• Cárceles abiertas. La propuesta es que los delincuentes que cometen delitos por primera vez purguen su sentencia en cárceles abiertas y no con los delincuentes peligrosos. Con lo que se evita que los reclusorios se conviertan universidades del delito.

• No hay autonomía del Poder Judicial. Dentro del borrador que ha circulado se señala que los jueces de distrito y los magistrados de circuito ya no serán nombrados por el Consejo de la Judicatura sino por el Senado, quien además evaluaría su desempeño. Lo cual afecta al Poder Judicial del cual no conoceremos su punto de vista.

“El partido Acción Nacional es un partido que cree en el sistema federal, que considera que lo mejor es tender a la descentralización del poder. A mayor centralización del poder hay un mayor abuso de su parte. Y por eso creemos en el municipio libre y en los estados libres y soberanos. Creemos en la división de poderes, en la independencia del Poder Judicial, en la del Legislativo y que no tenga una intervención el Poder Ejecutivo en estos poderes”, reafirmó el secretario general del Partido Acción Nacional, Martín Arango.

La senadora Murguía comento que “cualquier reforma que busque modificar al sistema de impartición de justicia, necesariamente sea para brindarle mayor fortaleza e independencia y no para someterlo al poder legislativo o al poder ejecutivo. De tal manera que ni la Fiscalía ni los órganos impartidores de justicia se conviertan en instrumentos del Ejecutivo en turno para perseguir a sus adversarios ”.